Centro para la Democracia Proactiva

Centro para la Democracia Proactiva

Centro de Estudios para la Democracia Proactiva

José Ignacio García Hamilton”

www.democraciaproactiva.org

Nuestro Centro de Estudios ha querido presentar este documento que hemos llamado: “Manifiesto”, como una guía de pensamiento para el pueblo cubano. No es un material de debate para llegar a un consenso. Son las aspiraciones lógicas, por las cuales un gran número de ciudadanos cubanos estarían dispuestos a realizar el esfuerzo de la democratización.

                                                Manifiesto:

Aspiraciones políticas, económicas y sociales del pueblo cubano.

Todo pueblo tiene el derecho a edificar su destino y no puede ser instrumento de una casta que lo oprime y desprecia.

Un pueblo creador y emprendedor, con los talentos de su gente y la riqueza que le ha dado la madre Naturaleza, no tiene por qué vivir en una profunda miseria material y espiritual.

Un pueblo entero no puede ser víctima de una cúpula que llegó al poder por la fuerza de las armas y se ha mantenido bajo una férrea opresión, alineándose con las naciones más dañinas para la humanidad, bajo la bandera del socialismo, utilizando su poder para someter a sus pueblos al igual que al nuestro. La historia de sus crímenes es larga, pero solo queremos resaltar la actualidad con la invasión de Rusia a Ucrania y del grupo terrorista HAMAS a Israel.

Los intereses de Rusia, China e Irán en América latina, pasan por utilizar a Cuba como base de operaciones y posición estratégico-militar frente a los Estados Unidos.

En el contexto geopolítico actual se necesita de un gran esfuerzo para contrarrestar los propósitos del “Eje del Mal”. Por tanto, hay que poner en perspectiva, qué debemos hacer y en qué debemos centrar nuestras energías para nosotros mismos crear la nación que todos necesitamos. Todos tienen derecho a saber qué ventajas nos traerá la democracia en las aspiraciones políticas, económicas y sociales del pueblo cubano.

En lo político:

Libertad absoluta para ejercer la actividad política de todas las personas e instituciones. Reconociendo el derecho de todos los partidos políticos a organizarse y ejercer su trabajo sin interferencia de cualquier poder existente.

El gobierno no interferirá en el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, académicas y profesionales.

La celebración de elecciones periódicas para todos los cargos públicos en los diferentes niveles de administración del país, con límites de tiempo para todas las posiciones, incluyendo la presidencia de la república.

Eliminar del Código Penal la tipificación del delito político. Toda acción en contra de las normas democráticas internacionalmente reconocidas o dañen los intereses de la sociedad, no tiene derecho a considerarse un delito político.

De facto desaparecerá la policía política y todos los Órganos de la Seguridad del Estado como mecanismo de persecución política o como brazo de fuerza que conspire para la judicialización de la actividad política.

Los centros de educación estatal no pueden promover política partidista, de género o de cualquier doctrina que se aparte de los materiales académicos aprobados por el sistema de educación.

En lo militar:

Un régimen por más de 60 años perturbando la paz de todos los países democráticos en la región con total impunidad, justifica eliminar las Fuerzas Armadas. Por tanto, abolir de inmediato también el Servicio Militar Obligatorio.

Se nombrará una Guardia Nacional, la que se ocupará de apoyar en caso de desastres naturales, siniestros, accidentes de alto impacto o disturbios sociales, que no cumplan las libertades garantizadas por un sistema democrático totalmente auténtico, de acuerdo a los estándares internacionales.

La Guardia Nacional como su nombre lo indica estará al servicio de la nación y no responderá a intereses políticos o partidistas. Y se vincula al Poder Ejecutivo solo para ejercer las actividades propias de sus funciones.

Se desplegará una fuerza de Guarda Fronteras, que tendrá como principal función el control del narcotráfico y la entrada ilegal de personas con propósitos perjudiciales al país.

Se elimina todo cuerpo militar irregular como milicias serranas, milicias de tropas territoriales o cualquier otra agrupación que sirva para controlar, intimidar o reprimir a la población. En fin, no se permitirán fuerzas irregulares bajo ninguna denominación.

No se preparará o formará ninguna fuerza militar para participar en acciones militares fuera del país. No se firmará pacto o acuerdo militar con ninguna institución militar de un país extranjero, teniendo en cuenta que no habrá un ejército regular.

La Policía:

La policía se encargará de mantener la seguridad ciudadana y hacer cumplir la ley. La policía podrá crear cuantos cuerpos necesite para garantizar el respeto de la ley. Sin embargo, no interferirá en la actividad económica del país, como el control sobre el mercado y traslado de cualquier producto agropecuario. Tampoco está facultada para multar o decomisar los productos, a menos que sea requerida su incautación por un procedimiento judicial.

La libertad económica:

Cuba ocupa el lugar 176 en el Índice mundial de la libertad económica, sólo le siguen Venezuela y Corea del Norte, en la lista de 178 naciones. Debe ser una meta de la democracia en Cuba alcanzar en el menor tiempo posible un lugar decoroso en esa lista tan fundamental, como es la libertad económica.

A un prestigioso lugar de esa lista se llega liberando la economía en todos los aspectos. El mercado es el ente regulador de todo y no habrá injerencia de las autoridades que frenen el libre mercado.

La libertad de mercado incluye la libre importación y exportación sin la interferencia del Estado.

La actividad comercial tendrá un período de gracia, donde no se pagará impuestos ni se exigirán permisos regulatorios. Se podrá vender libremente en la vía pública y abrir todo tipo de negocios, solo cumpliendo con las normas de seguridad e higiene.

Libertad de mercado absoluta, no podrá prohibirse el sacrificio y venta de ganado vacuno, a la comercialización y traslado de productos agrícolas como el café, el cacao y cualquier otro producto agropecuario.

La relación del sector privado con el sector estatal en cuanto a la financiación de programas y servicios tiene que buscar una nueva forma de interacción para que la rentabilidad de la entidad privada no sea a costa de una facturación engañosa o manipulada.

Sobre la privatización:

El sistema económico y social de Cuba se fundamenta en el ejercicio de la propiedad privada.

La estabilización política de la sociedad cubana pasa por el reconocimiento justo de las propiedades existentes y confiscadas.

Las propiedades confiscadas y la adjudicación de las nuevas propiedades deben cumplir un proceso de licitación.

Todas las propiedades otorgadas por el Régimen cubano tienen que ser objeto de revisión, incluidas las PYMES.

Todas las instalaciones turísticas de corporaciones extranjeras serán objeto de revisión y recontratación en los casos pertinentes. 

Sobre las tierras:

Se procederá a la regularización de todas las tierras productivas del país, creando las premisas para privatizar todas las tierras en manos del Estado. Se procederá de inmediato a reconocer en propiedad todas las tierras que se encuentren en usufructo luego de un proceso de licitación.

Las Cooperativas de Producción Agropecuarias (CPA) y las Unidades Básicas de Producción Cooperativas (UBPC) podrán declararse autónomas, sin ningún control o regulación estatal.

Los herederos de tierras confiscadas por la Revolución tendrán derecho a reclamar sus propiedades o las indemnizaciones correspondientes.

Las tierras que se encuentran en manos del estado deberán quedar bajo la jurisdicción administrativa correspondiente, con el fin de cumplir con el proceso de licitación correspondiente para su privatización y definir la importancia e intereses como patrimonio social de la comunidad donde se encuentra su ubicación.

Las tierras consideradas reservas forestales o ubicadas en cuencas acuíferas, incluyendo márgenes de ríos, mares u otras, quedarán protegidas por el Estado.

En lo Judicial:

El poder judicial, como parte de la separación de poderes, debe ser totalmente independiente, ninguna de sus funciones pueden estar subordinadas a los otros poderes. Todos los cargos deben ser otorgados mediante el sufragio público. El Fiscal o Procurador General no es parte del ejecutivo como Ministro de Justicia.

El sistema de jurados será obligatorio para todos los casos no considerados como contravención. Sin embargo, el jurado debe estar formado por personas competentes y calificadas de acuerdo al caso en cuestión.

Los cargos en el Poder Judicial nunca pueden ser por recomendación o aprobación por un ente político.

El Código Penal no puede incluir delitos tipificados como delitos políticos, ni enmascarados bajo conceptos que limiten las libertades fundamentales. Tampoco se puede invocar la pena de muerte por ideales políticos ni posiciones ideológicas.

El Sistema Electoral:

El sistema electoral tiene que formar parte del Poder Judicial o sea del Sistema de Justicia, sin dependencia alguna del sistema administrativo del Poder Ejecutivo.

El proceso electoral debe estar blindado por cualquier forma de fraude. Las elecciones tienen que estar bajo la supervisión y control de todas las fuerzas políticas del país, desde la base hasta la totalización general de los votos.

El Consejo Electoral debe ser elegido desde la base por voto popular. El presidente del y vice-presidente del Consejo Electoral Nacional deberán ser elegidos en el mismo proceso presidencial y por igual período.

Las elecciones presidenciales deben realizarse mediante primarias de los partidos políticos y a dos vueltas de los dos candidatos finalistas.

Los partidos políticos deben presentar un programa de gobierno para participar en un proceso electoral. Los puntos básicos deben formar parte de un Pacto de Gobernabilidad a cumplirse en el periodo presidencial estipulado. Al primer tercio del mandato debe presentarse una rendición de cuentas ante el Poder Legislativo y Judicial, para medir su cumplimiento. Ante graves premisas de incompetencia o imposibilidad manifiesta de cumplirse con el Pacto de gobernabilidad, debe comenzarse un proceso de inhabilitación presidencial.

En lo laboral:

Debe elaborarse un Código del Trabajo, que contemple los derechos básicos de los trabajadores, sin detrimento del derecho empresarial.

El sindicalismo no puede convertir a los trabajadores en rehenes en contra de los empresarios y dueños de negocios.

Las cooperativas deben tener una relación moderna de cooperación entre los socios, a partir de las funciones y responsabilidades de los asociados.


Los trabajadores del sector público no pueden tener mayores beneficios que los del sector pribado. Los funcionarios públicos no pueden recibir prebendas superiores a la de un ciudadano común.

Relaciones Exteriores:

El gobierno cubano, como gobierno democrático no mantendrá relaciones, económicas, políticas, etc con gobiernos dictatoriales de ningún tipo, incluídos los regímenes totalitarios.

El gobierno no impulsará o apoyará relaciones comerciales con los países señalados en el párrafo anterior. Sin embargo, bajo la libertad de mercado, los empresarios conservan su derecho a la libre comercialización.

El gobierno cubano no apoyará en los organismos multinacionales a gobiernos o resoluciones que vulneren la Carta Universal de los Derechos Humanos.

El gobierno cubano realizará un análisis del comportamiento histórico de los diferentes gobiernos y organizaciones internacionales con respecto a su cooperación con el régimen comunista de Cuba y actuará en consecuencia, incluso con respecto a las deudas económicas por intereses políticos e ideológicos.

Generales:

El país debe regirse por un Pacto Social, con los derechos fundamentales. No se necesita un pliego de condiciones que son derechos administrativos, que deben estar regidos y protegidos por la ley.

Cuba, 25 de marzo, 2024